.- Gobierno de México confirma solicitud de detención provisional a Estados Unidos; FGR sustenta petición en orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero
Por: Martín Juárez Torres
Ciudad de México, 16 de febrero de 2026
El Gobierno de México tramitó ante Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La gestión fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, dentro del juicio de amparo promovido por el ex mandatario y cuatro de sus familiares.
Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han informado sobre el inicio formal del proceso de extradición. Tampoco se ha precisado la fecha exacta en que la solicitud fue presentada ante la Embajada de Estados Unidos en México.
De acuerdo con fuentes federales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cancillería gestionar el procedimiento con base en la primera orden de aprehensión librada el 4 de octubre de 2022. Dicho mandamiento judicial señala presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabeza de Vaca promovió un amparo contra esa orden de captura. El recurso legal se encuentra pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que deberá determinar el alcance de la protección solicitada.
Además, existe una segunda orden de aprehensión emitida el 14 de febrero de 2024. Sin embargo, hasta ahora no se ha aclarado si la solicitud de extradición presentada ante Estados Unidos también se fundamenta en ese segundo mandamiento judicial.
La confirmación del trámite internacional fue referida en la resolución mediante la cual el Juzgado Séptimo de Distrito negó recientemente el amparo al ex gobernador y a sus familiares, lo que representa un nuevo revés legal en su estrategia jurídica.
El proceso de extradición depende ahora de la valoración que realicen las autoridades estadounidenses conforme al tratado bilateral vigente entre ambos países. Este mecanismo contempla la revisión de los elementos jurídicos y la procedencia de la detención provisional mientras se analiza la solicitud formal.
El caso mantiene relevancia política y judicial, tanto por la investidura del ex funcionario como por la naturaleza de los delitos que se le imputan. El desarrollo del procedimiento en territorio estadounidense será determinante para el curso legal del proceso en México.
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