.- Niños de apenas nueve años son captados por grupos delictivos que los entrenan como sicarios al aprovechar su edad, invisibilidad y la impunidad que ello les otorga
AgenciaTamNoticias | Reynosa, Tamaulipas; 07 de noviembre de 2025
En México se vive una crisis silenciosa: el fenómeno conocido como los “pollitos de colores” —niños y adolescentes, algunos de apenas nueve o diez años— reclutados por organizaciones delictivas para convertirlos en halcones, sicarios, mensajeros o partícipes activos en actividades de violencia. Un reciente reportaje de la agencia Reuters revela que niños de hasta seis años podrían estar integrados en estas redes del crimen organizado.
Estos menores son captados porque, al ser tan jóvenes, no levantan sospechas en las calles y porque, una vez que cometen delitos, enfrentan sistemas de justicia más benignos o orientados a adolescentes, lo que reduce la posibilidad de consecuencias severas para sus reclutadores. La organización Reinserta advirtió que esta estrategia no sólo busca mano de obra barata, sino también “reemplazables” y presuntamente leales por su edad y vulnerabilidad.
La investigación académica realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) subraya que la incorporación de niñas, niños y adolescentes al crimen organizado se considera ya una forma de explotación y puede entenderse como un tipo de trata de personas, al menos en su expresión de uso de menores para actividades delictivas.
Según el reportaje de Reuters, los grupos delictivos no sólo usan convencimiento o amenaza, sino también tecnologías, redes sociales, videojuegos y tácticas de “gamificación” para atraer a menores. Se les promete un sentido de pertenencia, “familia” dentro de la organización y una salida a su contexto de pobreza o violencia.
Las entidades federativas con mayor incidencia reportada incluyen Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Baja California y el Estado de México, aunque el fenómeno es nacional.
La magnitud exacta es difícil de determinar, pero se estima que alrededor de treinta mil menores podrían estar ya vinculados en diversas formas al crimen organizado, con cientos de miles más en riesgo, según estimaciones de expertos y reportajes recientes.
Este fenómeno impone retos fundamentales:
¿Cómo detectar oportunamente la captación de menores?
¿Cómo fortalecer la justicia juvenil y los mecanismos de protección para evitar que los menores queden impunes para los delincuentes?
¿Qué políticas públicas y redes comunitarias se requieren para intervenir con éxito?
¿Cómo coordinar autoridades de los tres órdenes de gobierno con organizaciones civiles para rescatar, rehabilitar y reintegrar a estos menores?
Urge que los legisladores tipifiquen de manera clara el reclutamiento de menores por el crimen organizado, que se desplieguen programas de protección y reinserción efectivos, y que la sociedad civil participe activamente para vigilar, denunciar y acompañar a los menores en situación de riesgo.
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